Fiscalía de Guatemala solicita levantar la inmunidad a dos magistrados por corrupción

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La Fiscalía solicitó hoy antejuicios (levantar la inmunidad) a dos magistrados guatemaltecos supuestamente por estar implicados en tráfico de influencias y corrupción.

El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, explicó que el planteamiento lo hizo este miércoles a la oficina de Gestión Penal de la Torre de Tribunales contra Blanca Stalling y Eddy Orellana Donis.

A Stalling, vocal séptimo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se le sindica del delito de tráfico de influencias, ya que trató de influir en un caso de corrupción en el que está implicado su hijo Otto Molina Stalling.

La denuncia contra la magistrada la presentó el juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano.

El hijo de la magistrada está acusado de ser uno de los operadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que habría recibido comisiones ilegales para otorgar contratos a una farmacéutica.

La fiscal general, Thelma Aldana, explicó en rueda de prensa que incluso la magistrada le hizo una exposición al juez con el fin de influir en el fallo a favor de su hijo, acusado de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.

Aldana agregó que Ruano gravó la conversación para no comprometer su trabajo.

“La magistrada utilizó su posición para influir en una resolución favorable para su hijo y hemos planteado la solicitud de antejuicio. Esperamos que le den trámite para iniciar las investigaciones”, puntualizó.

Mientras que a Orellana, de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, se le sindica de los delitos de cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de prestar declaración jurada patrimonial.

El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, detalló que este magistrado recibió un apartamento como regalo del empresario Roberto López Orellana, conocido como “El Rey del Tenis”, y a quien un juez le prohibió salir del país.

El jurista, dijo el comisionado, participó en el 2014 en la comisión de postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ese año se pasó a vivir con su esposa al apartamento.

Velásquez afirmó que estos hechos “obligan a una nueva reflexión sobre la urgencia de realizar las reformas constitucionales y legales sobre cómo son elegidos los altos funcionarios del Organismo Judicial”.

El jurista colombiano manifestó que al darle trámite al antejuicio permitirá profundizar la investigación sobre la situación financiera del magistrado, porque al parecer también recibió 2 millones de quetzales (265.600 dólares).

“Los magistrados que manchan la toga cometen un doble delito”, sentenció el comisionado.

 

Fuente: EFE

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