Matan la libertad de expresión

Por Neida Pérez Morillo.  Abogada Especialista en Derecho Penal

El día 13 de abril  nuestro hermano pueblo de Ecuador en la figura de su Presidente Lenin Moreno anuncia al mundo la muerte  del fotógrafo Paúl Rivas, del redactor Javier Ortega, y del conductor Efraín Segarra; iniciando una serie de acciones para capturar a los presuntos responsables del secuestro y asesinato de esta terrible ola de violencia que alerta a Latinoamérica en su afán por erradicar el crimen organizado y ejecutar políticas de protección y seguridad. Mientras eso ocurre cientos de ecuatorianos lloran la injusta muerte de sus compatriotas.

Ante un hecho tan abominable, analizamos que  la situación del derecho a la libertad de expresión e información en América Latina se ha visto arrasada por prácticas hostiles e intimidatorias donde se criminaliza todo lo relacionado a la búsqueda y difusión de información. En el caso de Venezuela, la censura, persecución y el castigo por expresarse libremente se agrava al pasar de los días, siendo que la cantidad de víctimas profesionales de la comunicación, entre ellos periodistas, reporteros gráficos, corresponsales, equipos completos de diarios regionales o infociudadanos que por señalar la crisis política y económica – jamás vista en la historia contemporánea de este país- han sido agredidos, robados, perseguidos, encarcelados y obligados abandonar su patria ante la amenaza de su integridad física, propiedades y familiares cercanos; cercando al que por pasión escogió tan loable profesión de buscar y comunicar la verdad, en pocas palabras “la pasión por informar cuesta la libertad y la vida”.

Las violaciones  a la libertad de expresión en Venezuela en cuanto a casos o situaciones se refiere alcanzan niveles inéditos ya que mientras se intensifica la tensión política y económica se compromete aún más el derecho a expresarse libremente, conllevándonos a una total desinformación y estado de indefensión. La embestida de las instituciones del Estado, contra cualquier frase de descontento por parte de los profesionales de la comunicación así como  la represión por parte de los cuerpos de seguridad y grupos violentos hacia quienes intentan registrar la queja social,  ha impedido la cobertura de innumerables hechos casi dejando en el olvido lo que constituye el registro de demanda social más grande de nuestra historia, por el simple hecho de ocultar la verdad y evitar críticas. La imposibilidad de cubrir las escenas de represión, hambre y miseria, así como el total desabastecimiento como derechos y garantías constitucionales demuestra que quien osadamente se atreva hacerlo será encarcelado o posiblemente asesinado. No podemos obviar lo atentados registrados contra oficinas de diarios, entre ellos El Diario de Los Andes cuando aquel 24 de agosto de 2016  atacaron a tiros sus instalaciones donde no hubo heridos que lamentar gracias a que sus trabajadores se encontraban fuera de alcance. Se presume que fue por causa de publicación de información sobre la real situación carcelaria. De allí, que cualquier medio de comunicación dispuesto a informar es atacado directamente en sus instalaciones o sometidos sus directivas a injustos procesos judiciales.

Ante la ausencia de condiciones óptimas de comunicación se admira y aplaude a todo aquel que obtenga y difunda de cualquier manera una noticia de interés social, por lo que el internet como plataforma de la libertad de expresión es relevante para los ciudadanos venezolanos desesperados por estar informados, aun así, insisten las amenazas del Estado para cualquiera que los ponga en evidencia a través de mecanismos de censura, hostigamiento judicial, intimidación y atropello simulados en Leyes Especiales mermando el derecho y garantía constitucional que tiene todo ciudadano a informar y estar informado. En Venezuela el Estado afirma  “defender la libertad de expresión” cuando en realidad la gente va a la cárcel o sufre por hablar.

El derecho de encontrar, obtener y difundir la información sin temor ni intimidación  es esencial para nuestra formación social y profesional como sistema de acceder a la justicia y gozar de nuestros derechos. El uso excesivo de la fuerza y una legislación represiva repercute en el derecho de la libre expresión siendo que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. De allí la gestión notable de los activistas de derechos humanos para denunciar estos atropellos en unión con la sociedad civil para alzar su voz ante esta terrible amenaza que nos mata la libertad de expresión.

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