Justicia desde el exilio

Por  Neida Pérez Morillo Abogada Especialista en Materia Penal

El 21 de julio de 2017 se juramentaron 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados por la Asamblea Nacional, en el mes de octubre un total de 31 magistrados, debido a la persecución política, se instalaron como “Tribunal en exilio” en una  ceremonia celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos.

Es importante recordar la razón “excepcional” que llevó a estos funcionarios a apartarse de su patria, al convertirse en víctimas de una  persecución política que se inició con una “cacería de brujas” por parte de la policía del Estado, lo cual forzó a algunos magistrados a refugiarse en embajadas como México,  Chile y Panamá y tomar la difícil decisión de separarse de sus familias, amigos y colegas; en pocas palabras obligados a salir del país sin la posibilidad de regresar porque volver a su tierra natal representa prisión y amenaza a su integridad física e incluso sus vidas podrían verse amenazadas, ellos no pueden estar aquí. En este punto resaltamos, como dato histórico,  cuando Simón Bolívar en múltiples ocasiones fue forzado al exilio como consecuencia de sus acciones para lograr la emancipación de los pueblos de América. Así pues, muchas han sido las advertencias y amenazas de castigo que han recibido los funcionarios magistrados del legítimo Tribunal Supremo de Justicia por supuestamente incurrir en delitos desde “usurpación de funciones”, “terrorismo” y “traición a la patria”. No olvidemos el caso concreto del magistrado designado Ángel Zerpa quien fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional  y permaneció en los calabozos por varios días.

Hay mucha confusión y de sobra se ha comentado para aclarar dudas sobre esta situación “especial” en razón de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio; la desinformación sobre estos actos poco accesibles permite que surjan confusiones al respecto, de allí que figuras públicas a nivel nacional e internacional, catedráticos y expertos en la materia se han pronunciado sobre la constitucionalidad y legalidad de este suceso,  la gran mayoría asegurando que tiene “legitimidad” institucional, piedra angular de este debate,  además de “rectitud jurídica”.  Términos como principios de la territorialidad, extraterritorialidad, acceso a la justicia, jurisdicción, entre otros, se discuten y analizan a diario para dar forma a las resoluciones dictadas por estos funcionarios en el exilio envestidos de autoridad legal otorgada por una Asamblea Nacional cumpliendo con todo el proceso constitucional elegida legítimamente por millones de venezolanos y a lo que no se le puede restar mérito.

Más allá de la capacidad y  validez de sus actos en razón de la jurisdicción para actuar o ejercer de estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el “exilio”, lo que reviste verdadera importancia es que el mundo ha girado su mirada hacia éste órgano institucional “excepcional” que ha recibido respaldo internacional de  importancia histórica, lo cual describe claramente el desconocimiento hacia otras instituciones del Estado consideradas “no democráticas”, al final arrojará consecuencias políticas inevitables con mayor resultado en el restablecimiento de nuestra constitucionalidad respetando los principios democráticos y al Estado de Derecho que se defiende. A mi  modo de ver como abogado estoy en la responsabilidad de señalar que estas acciones jurídicas superan “actos simbólicos” y es un error describirlo de esta manera e insisto en lo equivocado de suponerlo. De allí, que me atrevo a utilizar las palabras prudencia y recato al emitir opinión sobre estos hechos jurídicos, en especial por respeto a la esperanzas de un pueblo, quien termina siendo el débil jurídico, ávido de obtener “justicia” y respuesta social, económica y política que permitan reconstruir y repensar la Venezuela posible.

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